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Huaraz en Línea.- El titular del del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Áncash (Huaraz), juez Derby Quezada Blanco, ha solicitado esta noche nueve meses de prisión preventiva para el gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, y otros ocho inculpados más, por la comisión del presunto delito de colusión agravada en la adjudicación, construcción y equipamiento del ambiente covid-19 en el Hospital Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote.
El magistrado consideró que se cumplen los requisitos estipulados en la norma procesal para dictar la medida coercitiva en contra de Morillo Ulloa, tal y como lo había solicitado el Ministerio Público.
Señaló que la Fiscalía ha cumplido con presentar en su requerimiento de prisión preventiva los graves y fundados elementos de convicción: peligro de obstaculización a las acciones de la justicia y que la pena por el delito investigado supera los 4 años de cárcel efectiva.
El fiscal Robert Rojas Ascon solicitó prisión preventiva por nueve meses para el gobernador Morillo; Johnny Muñante Quispe, exgerente general del GRA; Pedro Velezmoro Saenz, gerente de infraestructura; Jiordano Alva Pinedo, responsable de la elaboración de la IOARR; Italo Lon Kan Perez, encargado de evaluar la IOARR; Juan Mendo Sánchez, gerente de administración; Angel Velásquez Abanto, subgerente de abastecimiento; y William Rojas Vereau, gerente de estudios.
También se pide prisión para Ninel Romero Bartusiak, representante legal de la empresa Quimera SAC.
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“Este órgano jurisdiccional concluye que existe un alto peligro de fuga”, expresó el magistrado al tiempo de precisar que a su entender la defensa de Morillo no ha podido probar que la autoridad tenga arraigo domiciliario ni familiar.
Dos días de audiencias
Durante la lectura de su veredicto, tras dos días de maratónicas audiencias, el juez hizo mención de los resultados de los informes periciales y contables que presentó la Fiscalía como elemento de convicción y que abren la sospecha de presuntas irregularidades en el proyecto de construcción y equipamiento del ambiente covid-19 en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote.
Morillo, con sus funcionarios, son acusados de haber favorecido a la empresa Quimera SAC con la adjudicación de este proyecto que se hizo en pleno estado de emergencia por el nuevo coronavirus.
También se ha sustentado que esta obra habría sido sobrevalorada en casi 3 millones de soles. Inicialmente se cotizó en un valor de 7 millones 480 mil soles por el componente equipamiento y 320 mil soles por el componente infraestructura.
Las investigaciones de la Fiscalía revelan que cuatro días después, en el GRA se aprobó pagar 624 mil soles por la infraestructura y 9 millones 436 mil soles por el equipamiento, vale decir que en más de tres millones se incrementó la cotización.
Además, la investigación fiscal ha recabado información administrativa, informes de la Contraloría, así como otros elementos que respaldan el pedido del Ministerio Público.(Redacción Central
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