
Huaraz en Línea. - La Defensoría del Pueblo dio a conocer el Reporte de Conflictos Sociales n.° 258, en el que se da cuenta de seis nuevos conflictos registrados durante el último mes en Áncash, Huancavelica, Junín, Lima Metropolitana, Lima Provincias y Loreto. Además, al cierre de agosto, el país acumuló 195 conflictos sociales, de los cuales 148 se encuentran en condición de activos.
Dentro del grupo de nuevos conflictos, dos fueron de tipo socioambiental. Por un lado, se encuentra el caso de la comunidad campesina de Huaripampa, en Áncash, que exige a la Compañía Minera Antamina la reparación integral ante presuntos daños causados por la actividad minera. Asimismo, se incluye el pedido de la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Tigre ante la problemática de minería ilegal en el río Tigre.
Los otro cuatro nuevos conflictos se refieren a las demandas de mejoramiento de la vía Izucacha – Mejorada – Pucará – Acobamba y del tramo Acobamba – Caja Espíritu – MarcasHuantae, en Huancavelica; así como al pedido de la población de los anexos de Chocón, Maquillanqui, Pachascucho y Tragadero, en Jauja, para que se implemente un plan ante el peligro de desborde de la laguna Tragadero.
También se incluye el pedido de la población del distrito de Pachangara, en la provincia de Oyón, que exige a la empresa Pluz Energía garantizar la continuidad del servicio eléctrico ante los cortes constantes de luz en la zona. Asimismo, el reclamo de los pobladores de San Juan de Lurigancho tras la instalación de una antena de telecomunicaciones.
Otro dato que revela el reporte es que, de acuerdo a la distribución territorial, Loreto continúa concentrando la mayor cantidad de conflictos sociales (25 casos), seguido de Puno (19), Cusco (17) y Áncash (17). Asimismo, que los conflictos socioambientales vinculados a la minería representan el 31.3 % del total reportado. De otro lado, se da a conocer que 89 conflictos son atendidos actualmente a través de mecanismos de diálogo. Finalmente, que en agosto se registraron 250 acciones colectivas de protesta y, al cierre del reporte, la Defensoría del Pueblo emite 16 alertas tempranas.
Cabe indicar que, en lo que va de septiembre, la Defensoría del Pueblo también se encuentra interviniendo en otros casos relevantes como la protesta de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde el diálogo propiciado por la institución permitió la suspensión de las protestas. Así como en las protestas contra la nueva ley de pensiones y las medidas contra el servicio turístico hacia Machu Picchu, en Cusco.(Fuente http://www.defensoria.gob.pe/)
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