Huaylas: en audiencia pública piden a Contraloría investigar obras y servicios

Huaraz en Línea.- Alrededor de 70 ciudadanos participaron  en la Audiencia Pública Provincial “La Contraloría te escucha”, que se desarrolló por segunda vez en la Provincia de Huaylas, con la finalidad de recoger las inquietudes y alertas de los pobladores sobre las intervenciones públicas que se desarrollan en este departamento.

 

El Gerente Regional de Control de Áncash, David Quiroga Paiva, informó que se han registrado 14 alertas ciudadanas sobre hechos y omisiones de las autoridades, las cuales ponen en riesgo el buen uso de los recursos y bienes públicos en la provincia.

 

Durante la Audiencia Pública Provincial, los ciudadanos expresaron su preocupación por la falta de ejecución del presupuesto participativo municipal, presuntas irregularidades en la obra de transitabilidad  vehicular y peatonal  en el distrito de Huata, y la falta de mantenimiento del cementerio antiguo de Caraz.

 

Además, solicitaron evaluar el perfil profesional de los funcionarios de confianza de la Municipalidad Provincial de Huaylas y sus distritos, investigar el presupuesto asignado al Centro de Atención del Adulto Mayor y revisar la contratación docente efectuada por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huaylas.

 

El Gerente Regional de Control de Áncash afirmó que “las alertas serán evaluadas y, en caso de presumir la comisión de actos irregulares o ilegales, se planificarán servicios de control. En caso se reporten hechos que no son de nuestra competencia, los derivaremos a las entidades correspondientes para su atención”, anotó.

 

Quiroga Paiva también informó a la ciudadanía las acciones adoptadas por la Contraloría General respecto a las denuncias y alertas recibidas en la primera Audiencia Publica Provincial “La Contraloría te escucha” que se desarrolló en Áncash, el pasado 23 de octubre del 2018.

 

La audiencias públicas son espacios de diálogo donde los ciudadanos presentan información sobre presuntas irregularidades en obras públicas (incumplimiento de plazos, sobrevaloraciones), contrataciones del Estado (direccionamiento a un determinado proveedor, recepción de bienes defectuosos), y permiten el contacto directo con  profesionales de la Contraloría para absolver consultas sobre el uso de los bienes y recursos públicos.