Facebook 
Huaraz en Línea.- La Contraloría General de la República evidenció un perjuicio económico por S/ 7 380 616 en el Gobierno Regional (Gore) de Áncash como consecuencia del pago efectuado al consorcio a cargo de la ejecución de la segunda etapa de la obra de mejoramiento de las avenidas Perú, Presidente, Áncash, Progreso y Central en el distrito de Shilla, provincia de Carhuaz, debido a que dilataron de manera injustificada la nulidad del contrato ya que el consorcio se encontraba impedido de contratar con el Estado.
Además, los trabajos ejecutados incumplían las especificaciones técnicas y presentaban deficiencias estructurales, por lo que dicha obra se encuentra inconclusa, abandonada y deteriorada a pesar de que según el expediente técnico, se proyectaba una vida útil de 20 años.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 141-2023-2-5332, (periodo de evaluación del 17 de diciembre del 2019 al 7 de febrero del 2022) precisa que en diciembre del 2019 el Gobierno Regional de Áncash adjudicó la obra de mejoramiento de cinco avenidas en la localidad de Shilla a un consorcio que se encontraba impedido de trabajar con el Estado, debido a que una de las empresas consorciadas pertenecía a una autoridad local de la región Pasco.
En setiembre del 2020 el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) comunicó al Gore Áncash dicho impedimento; no obstante, la entidad no adoptó acciones inmediatas para anular el contrato y permitió la vigencia del mismo y con ello la continuidad de los trabajos.
Cuando la entidad tomó conocimiento del impedimento que pesaba sobre el consorcio ejecutor, existían condiciones favorables al Gobierno Regional para anular el contrato porque tenía vigente la garantía de fiel cumplimiento y adelanto de materiales (S/ 1 149 596), puesto que, hasta ese momento, al consorcio solo se le había pagado el adelanto de materiales y la valorización N° 1 (S/ 941 667).
De igual forma, mediante una orientación de oficio en octubre del 2020, el Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Áncash alertó a la entidad el impedimento del consorcio para contratar en el sector público. Posteriormente, a través de un servicio de control concurrente, advirtió que los trabajos no se ejecutaban de acuerdo al expediente. Sin embargo, no halló respuesta inmediata y por el contrario, la entidad pagó otras cuatro valorizaciones a favor del consorcio.
Desde que el OSCE comunicó al Gobierno Regional de Áncash el impedimento del consorcio (setiembre de 2020) hasta que la entidad regional decidió anular el contrato (setiembre de 2021), la entidad desembolsó S/ 4 110 790 a favor del contratista, correspondiente al pago de las valorizaciones 2,3,4,5,6,7,8, y 9.
Adicionalmente, luego de la anulación del contrato, funcionarios de la entidad autorizaron el pago de las valorizaciones 10, 11 y 12, así como el pago por la implementación de medidas de prevención contra la Covid 19 y saldo de preliquidación del contrato por S/ 2 328 159 a favor del consorcio, a pesar de que, según la Ley de Contrataciones del Estado, no correspondía derecho a retribución alguna.
La comisión auditora también determinó que el 48% del pavimento ejecutado presenta daños severos en la losa de concreto (grietas y fisuras), lo que obligaría a demoler y reconstruir su totalidad. Asimismo, existe un 19.5% del área no ejecutada.
A ello se suma que el consorcio no construyó 13 de los 19 muros de contención contemplados en el expediente técnico e hizo otros cinco que no eran necesarios para cumplir con la finalidad de la obra. Además, tramitó muros de contención con una partida de mayores metrados cuando correspondía realizar un procedimiento para adicional de obra.
Actualmente, la obra presenta deterioro prematuro, por lo que persisten las inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal. Es decir, el proyecto no cumplió con su finalidad.
Once funcionarios tendrían presunta responsabilidad penal, administrativa y/o sujeta a Procedimiento Adminsitraivo Sancionador (PAS), por ello el informe fue comunicado al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, al Órgano Instructor de la Contraloría General y al Gobernador Regional de Áncash.
Comentarios