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Huaraz en Línea.- La defensa legal del preso exgobernador regional de Áncash, Cesar Álvarez Aguilar, ha solicitado a pedido de su patrocinado presenciar el desarrollo de la audiencia- mediante videoconferencia- en el proceso judicial que se le sigue por el caso de la construcción del Módulo de Justicia del Nuevo Código Procesal Penal en el distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa.
Esta mañana estaba previsto dar inicio a la audiencia de control de acusación; sin embargo tuvo que reprogramarse para el próximo 15 de junio a las nueve de la mañana, debido a la inasistencia de tres abogados de los imputados Cesar Álvarez, Juan Carlos Gallo Zegarra y Romayna Romero Leydy.
En el caso de Álvarez , su abogada Jessica Arteaga presentó un escrito justificando su inasistencia, debido a que para hoy tenía programado una diligencia en el penal de Cambio sobre el recojo de una declaración testimonial de un procesado por el caso La Centralita.
Para esa nueva fecha, el magistrado deberá resolver el pedido de sobreseimiento solo del delito de colusión para el exgerente de la Subregión Pacífico, Juan Carlos Gallo Zegarra, quien se encuentra inmerso en proceso judicial. En este caso la Procuraduría Anticorrupción se opuso a la pretensión del representante de la Fiscalía.
En este caso la Fiscalía ha solicitado 8 años de prisión efectiva para Álvarez por la aplicación de la sumatoria de penas, al encontrar graves y fundados elementos de convicción al término de la investigación preparatoria.
La acusación fiscal también alcanza a los exfuncionarios: Pamela Bermúdez Rodríguez, William Bejarano Rivera, Cecilia del Rocío Alfaro García y Enrique Godoy Palacios. Asimismo a los integrantes del Consorcio Jurídico (Laydy Romayna Romero, Julio Martínez Estrada y Mariela Rivero Antúnez) que ganó la buena pro de la obra presupuestada en 14 millones 767 mil soles. A ellos se les acusa del delito de colusión y se ha requerido una pena de 5 años de cárcel efectiva.
Según la tesis fiscal todos ellos se habrían coludido al permitir irregularidades en el proceso para la ejecución de la obra. Entre ellas convocar a un nuevo proceso de menor cuantía para favorecer al citado consorcio y destinar del presupuesto de más de 7 millones de soles para otras obras, el cual impidió ejecutar en su plazo establecido, perjudicando así a la unidad ejecutara del GRA.
Además de ello se habría probado que se falsificó documentos de profesionales para que dicho consorcio obtenga la buena pro de la obra.
La Procuraduría ha solicitado 2 millones de soles de reparación civil a favor del Estado y de forma solidaria de parte de los exfuncionarios de la Subregión Pacífico, acusados de la presunta comisión de los delitos de colusión y malversación de fondos.
(Redacción Central)
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